jueves, 1 de marzo de 2007

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA


El maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le considera como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.

La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando investigadores como Kempe, Silverman, Steele, y otros, en 1962 etiquetaron el llamado Sindrome del niño maltratado.

El Representante Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, estuvo en el Perú presentando los resultados del informe mundial sobre maltrato infantil en el país andino.

El informe pone de manifiesto que cada año la policía peruana recibe casi 4.500 denuncias de menores de edad que son maltratados en sus hogares.

Según UNICEF, “la región muestra un excesivo nivel de tolerancia cuando la violencia se da en la familia”.

El documento fue presentado a miembros del gobierno peruano.
En nuestro país, lamentablemente se reciben al año miles de denuncias con respecto al maltrato infantil, según datos proporcionados por las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y la Policía Nacional (PNP).

A este informe se suman las cientos de noticias de maltratos y violación sexual de niños, niñas y adolescentes, que a diario son propaladas por diferentes medios de comunicación escrito, radial y televisivo. En ellas podemos ver, leer y escuchar los sufrimientos a los que son sometidos cotidianamente cientos y miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sin que la sociedad y el Estado hagan algo para impedir o prever que esta situación se siga dando.

El maltrato al igual que la violación sexual son considerados delitos según nuestra legislación penal vigente. A pesar de ello, son pocas las investigaciones que existen sobre hechos de maltrato físico o psicológico que hayan sido denunciadas o instruidas a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta situación genera una cierta impunidad para las y los agresores, a lo que se suma el hecho de que el maltrato contra niños, niñas y adolescentes se sigue considerando por muchas familias, como un hecho privado, algo que no debe salir del entorno familiar.